El asesinato de mujeres, que en Colombia es un delito autónomo gracias a la expedición de la Ley 1761 de 2015, todos los días cobra nuevas víctimas en nuestro país. Esta expresión de violencia, agresión e intolerancia, por citar sólo tres cuestiones asociadas al fenómeno, resulta inexplicable.
Un feminicidio, según el Artículo 104A del Código Penal, consiste en causar la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Las condenas oscilan entre un mínimo de 20 años y 10 meses de prisión, hasta 41 años y 8 meses. Con todo, si se presentan agravantes, las penas podrían ascender a 50 años de cárcel.
Haber tenido alguna relación afectiva, amistosa o laboral con la víctima, ejercer sobre ella alguna clase de violencia, aprovechar las relaciones de poder o jerarquía, crear terror o humillación, incomunicarla o tener antecedentes de violencia, son de manera general, las circunstancias que caracterizan el delito.
De acuerdo con las cifras del Instituto de Medicina Legal, en el 2016 se registraron 731 feminicidios. En lo que va corrido del año, los casos superan los 240. Aunque la norma se encuentra en aplicación y las sanciones son ejemplarizantes, todavía no ha sido posible eliminar este flagelo en nuestra sociedad. Por otra parte, no se puede olvidar que la Violencia Intrafamiliar, íntimamente ligada al Feminicidio, se convierte en una alarma que debe ser atendida de manera oportuna para evitar tragedias mayores.
Dentro de este contexto, el Partido MIRA convocó una Audiencia Pública para abordar la problemática. Tanto la Concejala de Bogotá Gloria Stella Díaz Ortiz, quien ha liderado el tema, como el Representante Carlos Eduardo Guevara, pidieron compromisos reales y concretos para prevenir la violencia intrafamiliar y el feminicidio; asimismo, explicaciones sobre las acciones que adelantan las entidades encargadas de evitar que la violencia de género siga en aumento.
Al decretar la Alerta Naranja por Feminicidios, como se le reclamó al Gobierno, se busca que haya prioridad y celeridad en las investigaciones por feminicidios y seguimiento a las medidas de protección que otorguen las Comisarías de Familia. Además, se procura que se implemente la Cátedra de Violencia Intrafamiliar; pero sobre todo, que exista articulación efectiva entre Policía, Fiscalía, Medicina Legal, Comisarías de Familia, Procuraduría y el Ministerio de Salud.
Es necesario persistir, ya que Colombia demanda que la problemática de la violencia contra las mujeres sea parte de la Agenda Pública Nacional.
Columna publicada en el diario impreso:
