Los sucesos desafortunados que dejaron miles de víctimas y damnificados por causa de las lluvias y las inundaciones en Colombia, han movilizado la solidaridad nacional e internacional. Personas, gobiernos y fundaciones han brindado esfuerzo y recursos orientados, en esencia, a la reconstrucción de lo perdido, la recuperación de lo afectado y el sustento de los sobrevivientes.

Sin embargo, el país recordará que no ha sido la primera vez que nos enfrentamos a situaciones en las cuales las fuerzas naturales ponen en riesgo a poblaciones enteras. Por causa de su magnitud, los eventos de la llamada Ola Invernal del período 2010 a 2012, se encuentran fijados de especial manera en la memoria colectiva.

Por aquel entonces, el Partido MIRA propuso desde el Congreso varias iniciativas que posteriormente se convirtieron en Leyes de la República y que para bien, hoy también resultan aplicables, pues sus contenidos sirven para aliviar en alguna medida los padecimientos de los damnificados. Además, impulsamos medidas administrativas que los gobiernos de la época, nacionales, departamentales y municipales, acogieron favorablemente para ayudar a quienes más los necesitaban.

Por ejemplo, fue suspendido el cobro de los servicios públicos a quienes perdieron sus viviendas por causa de las calamidades, valores cuya facturación, paradójicamente, continuaba como si nada hubiera ocurrido. De manera similar, se hizo con el impuesto predial que gravaba a los inmuebles afectados.

De otra parte, el subsidio para la adquisición de vivienda, que en el país sólo podía ser usado una vez, fue habilitado por una segunda ocasión a las víctimas de la naturaleza, favoreciendo así, por aquella época a más de 400.000 familias. Además, se creó el “Empleo de Emergencia” para facilitar la contratación de quienes fueron víctimas de desastres o calamidades. Así, los beneficiarios trabajarían en actividades de rehabilitación, construcción y reconstrucción, mejoras y actividades conexas para la recuperación social, económica y ecológica de las zonas perjudicadas.

Esta clase de medidas deben permanecer presentes y las autoridades, alerta. No se trata de alarmismo, sino de realismo: el IDEAM, luego de publicar los Mapas de Amenaza por Inundación, afirmó que cerca de 12 millones de residentes en Colombia se encuentran expuestos a un alto potencial de inundación. Según el Instituto, en las zonas de mayor riesgo, casi la mitad de las personas padecen altos índices de vulnerabilidad, pobreza y déficit de vivienda. No se debe bajar la guardia.

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