La situación de los jóvenes en Colombia, aún continúa sin ser atendida como corresponde. El andamiaje institucional parece enfocar sus esfuerzos desde ciertas perspectivas, en la atención posterior de los casos que implican vulneración a sus derechos, o aquellos en los cuales los menores de edad protagonizaron actos irregulares.

Las acciones preventivas, que por fortuna existen, parecen no ser suficientes para revertir la tendencia al alza que presentan múltiples indicadores adversos relacionados con los jóvenes. Sin embargo, lo que es peor, es que los cambios culturales, en definitiva los más necesarios, aún no calan en la sociedad con la profundidad que se requiere.

Las recientes denuncias del Representante a la Cámara Carlos Eduardo Guevara del Partido Político MIRA, respaldadas en informes de la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así lo evidencian. Cada día 62 menores de edad entran a formar parte del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del ICBF. Al citar los casos más representativos, Bogotá encabeza esta poco honrosa lista con 13 jóvenes, seguida por Medellín con 8, Bucaramanga con 4 y Cali, Buga y Bucaramanga con 3 cada uno.

De aquellos 62, es de lamentar que 13 jóvenes reinciden en alguna clase de infracción, mientras que a 14 es necesario privarlos de la libertad en centros de reclusión, lugares donde los derechos de los menores sufren menoscabo, en tanto que las inconsistencias para su atención en salud, el hacinamiento o la escasa dotación con la que cuentan, es una constante. Por otra parte, la escasez de programas de resocialización, educación y salubridad, muestran una necesidad persistente.

Ahora bien; otro tanto se podría decir al analizar la incidencia y aumento de sucesos de violación a los derechos de los jóvenes. Cada día en promedio, el ICBF atiende 122 casos en todo el país. Entre ellos, 27 corresponden a cuestiones relativas a la violencia sexual. Si la tendencia actual continúa, este 2017 terminará con cifras aún más graves que las del año anterior. En la misma dirección va el número de jóvenes en situación de calle y abandono.

En tal sentido, en estos momentos se hace indispensable como bien lo señaló el Representante Guevara, una evaluación integral a la Política de Prevención de la Delincuencia en Adolescentes, con especial énfasis en las líneas de prevención, e inclusión social.

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