De manera recurrente, desde el año 2003 hasta la fecha, se han presentado varias “reformas políticas” en Colombia; cada una en su oportunidad, han pretendido introducir soluciones para los diversos problemas que aparecen asociados al ejercicio político. Si hay crisis de transparencia, legitimidad o institucional, se ha mirado con frecuencia hacia la modificación de la Constitución.
Ahora, en medio de la coyuntura social y política en la que el país se encuentra, el tema sale a relucir nuevamente. La firma definitiva del Acuerdo de Paz, o con mayor precisión, la implementación jurídica y administrativa que requieren muchos de los puntos allí consignados, demanda que se introduzcan algunas modificaciones a las reglas de juego políticas y electorales.
No obstante, si las propuestas que se han construido para estos efectos, en especial aquellas reunidas en el trabajo dedicado de la Misión Electoral Especial, no se ocupan de atender, desde la raíz, ciertos problemas estructurales que como Partido MIRA hemos señalado con insistencia, creemos que las inconsistencias y deficiencias del sistema continuarán presentes, dispersando la débil credibilidad ciudadana que afecta a buena parte de las instituciones.
Días atrás, en este mismo espacio, explicamos la inconveniencia que ofrece, desde nuestro punto de vista, la implementación de un voto obligatorio. Importar esta figura en la actualidad, perjudicaría de manera sensible los procesos de apertura democrática, tan necesarios en estos momentos de reconstrucción de tejido social, que más bien deben ser aprovechados para fortalecer desde la base, el desarrollo humano.
Por otro lado, elementos como la paridad de género en la conformación de las listas de candidatos, la conservación de la lista única y sin voto preferente, así como reglas en equidad para la financiación de Partidos y campañas políticas, se deben evaluar a favor del pluralismo, facilitando las condiciones para que las diferentes expresiones ciudadanas, sean de carácter nacional o regional, cuenten con espacios garantizados para la difusión amplia de sus planteamientos, así como de incidencia efectiva en la construcción de decisiones públicas.
Por último, es necesario recalcar que un débil favor se le haría a nuestra democracia, si se aprobara una nueva reforma política, conservando las instituciones y figuras obsoletas del Código Electoral, norma creada en 1986 y que, a manera de perversa paradoja, sobrevivió al cambio de la Constitución en 1991 y a todas las modificaciones que han surgido después.
Columna publicada en el diario impreso:
