El Congreso de la República en pleno evaluó el impacto de la Ley de Víctimas, escuchó a los líderes de ellos, y analizó la ejecución del Gobierno en esta materia, tan sensible en nuestro país. Algunas de las conclusiones y propuestas que presentamos desde el Movimiento MIRA en ese foro, son las siguientes. Lo primero por hacer, es reconocer que la expedición de la Ley 1488 de 2011 constituye un avance muy significativo, incluso en el contexto internacional, toda vez que promueve un cambio del paradigma: traslada el enfoque de la atención pública y estatal, que tradicionalmente ha estado en los victimarios, para volver su mirada hacia las víctimas, y a todo su proceso de reparación integral. Dentro de ese contexto, la Restitución de Tierras ha jugado un papel protagónico, sin embargo, acusa debilidades importantes, tanto celeridad, como en cobertura. El esquema actual, a cargo de procesos judiciales, es evidentemente más dispendioso y extenso, de lo que podría ser, por ejemplo, un trámite administrativo, como lo han sugerido ya algunos congresistas. Hasta la fecha, de las 20.000 solicitudes aproximadas que se han elevado, las estadísticas indican que apenas alrededor de unas 1.000 se han podido evacuar exitosamente. Existe entonces un rezago del 95% en esta materia, y si a lo anterior se suman las declaraciones de Presidencia de la República, en las que ahora reconocen que reparar a todas las víctimas no será viable, el panorama se muestra desalentador. En ese contexto, y partiendo de que la tierra debe ser para las víctimas, y no para los victimarios, la gran pregunta es ¿cómo lograr, no sólo el retorno, sino la permanencia y el arraigo de quienes lo perdieron todo por causa de la violencia? La respuesta es, según proponemos, que el Estado se cree, implemente y asegure una Verdadera Política Pública del Campesino y del Agro en Colombia, superando así los intereses transitorios de cada gobierno. No puede darse una verdadera reparación a las víctimas, si esa reparación no es integral, y no será integral, si no hay condiciones para regresar y permanecer en el territorio.

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