Existen deudas sociales en nuestro país, que se han vuelto persistentes. Mientras pasan años, gobiernos e instituciones, la situación de ciertas familias y grupos vulnerables parece cambiar muy poco, para bien. Esa, por citar solamente un ejemplo, parece ser la realidad de la mujer que vive en el campo y ha sido víctima de alguna forma de violencia, en relación con la escasa y muchas veces nula oportunidad de acceder a la educación formal.
Desde el Partido MIRA, de nuevo, se ha radicado una iniciativa legal, pretendiendo con ella que sean abiertas las “Aulas del Campo”. El proyecto, que se espera sea acompañado masivamente por el Gobierno Nacional y las demás bancadas presentes en el Congreso de la República, desea beneficiar a las mujeres rurales cuyas condiciones económicas sean deficientes y se encuentren demostradas; también a las madres cabeza de familia y a aquellas que fueron víctimas del conflicto armado, junto con sus hijos.
La iniciativa consiste entonces, en que esta población, en virtud de la debilidad manifiesta en la que se encuentra, pueda acceder de manera gratuita a todos los niveles sin excepción, de educación formal, incluidas la educación técnica, tecnológica, profesional y la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
El debate, liderado en esta ocasión por nuestra Representante Guillermina Bravo Montaño, única mujer congresista y afrodescendiente en la actualidad, también prevé un comprometido impulso que debe dar el Ministerio de Educación, el cual deberá promover que las diversas Instituciones de Educación Superior de naturaleza privada presentes en Colombia, creen y desarrollen programas sociales de apoyo y asistencia a las víctimas de la violencia, caracterizados por costos mínimos de matrícula. También gestionará que en estos programas, las facilidades en el otorgamiento de créditos y subsidios del ICETEX, sean una realidad.
Además, el proyecto de ley que se ha presentado reconoce la dinámica que posee aquella relación entre educación y mantenimiento económico de tantas familias en Colombia. Por eso, determina que el Gobierno también gestione diversos mecanismos enfocados a fortalecer y mejorar las posibilidades de las organizaciones de mujeres, en especial, en aquellos proyectos que sean sostenibles en sus facetas social, ambiental y económica.
Al convertirse en ley de la república, será un aporte importante que visto a largo plazo, se encuentra orientado con claridad y consistencia, a reducir la inequidad.
Columna publicada en el diario impreso:
