Es cierto que el desarrollo del país no se puede detener; pero la decisión de entregar licencias mineras en zonas protegidas es contraria a las leyes que buscan preservarlos. Este actuar pone cada vez más en riesgo los paisajes y ecosistemas colombianos, pues los impactos ambientales, económicos, sociales, laborales y territoriales, afectan negativamente la calidad de vida de las comunidades.
Deben contarse, por mencionar solamente algunos ejemplos, el páramo de Santurbán, en riesgo inminente no sólo por sus fuentes hídricas, sino por la palma de cera y sus especies animales; la Serranía de la Macarena, cuya polémica licencia de explotación para 150 pozos petroleros, amenaza sus atractivos turísticos y múltiples acuíferos; el Valle del Cocora, en grave peligro a causa de la solicitud de una multinacional para explotar oro; la Amazonía, cuya riqueza hídrica, flora, fauna y recursos naturales disminuyen dramáticamente, a causa de la extracción ilegal de oro y de madera, así como por la explotación de 43 pozos petroleros; el sur de la Guajira, cuyas comunidades indígenas wayúu, afrocolombianas y campesinas han sufrido la pérdida de sus territorios, la destrucción de las bases de su subsistencia, y el agotamiento del agua para su supervivencia.
Junto con todos estos ejemplos, es imperativo añadir al Departamento del Huila que no ha sido ajeno a esta problemática, sino que la ha padecido en distintas dimensiones, de tiempo atrás.
Lamentablemente, parece ser que el Gobierno sigue sin escuchar la realidad. Como hemos sostenido reiteradamente, el gobierno debe elevar la minería al nivel de política de Estado, donde además de sustentarse formalmente, cuente con análisis rigurosos sobre la relación entre desarrollo económico y sostenible, pero sobre todo, respetuoso de los demás derechos implicados. Y el ambiente es uno de ellos.
También, el Plan de Ordenamiento Minero debe ser la herramienta idónea para excluir todo tipo de explotación en ríos cercanos a las poblaciones, páramos, cuencas hídricas y zonas estratégicas para la agricultura. No puede ser el aval a cualquier tipo de explotación, al amparo de unas unas simples restricciones técnicas.
El Estado debería ser exigente en materia de tecnología para proteger los ecosistemas, evitando circunstancias y agentes contaminantes, al tiempo que respeta a las comunidades y a la consulta previa. No debería permitirse, que logros como la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad a favor del Paisaje Cultural Cafetero, se pierdan detrás de esta clase de licencias.
Columna publicada en el diario impreso:
