La reciente decisión de la Justicia Administrativa, mediante la cual anuló la autorización para la venta de la ETB en la capital de la República, reabrió cuando menos, dos debates de gran importancia.

El primero, respecto del cual no se ha hecho mucho eco, tiene que ver con la estabilidad de las decisiones públicas. Después de la aprobación de la medida en el Concejo Distrital, ahora los jueces consideran -y coincidimos con ellos-, que en el procedimiento hubo deficiencias de tal magnitud, que obligan a derogar la autorización. Sin embargo, dentro de poco vendrá el resultado de la apelación, que tiene el poder de cambiar de nuevo, la situación. Todo lo anterior, sin contar con lo que más adelante podría surgir, mediante los mecanismos de protección a los derechos fundamentales. El conjunto en general, produce incertidumbre en múltiples direcciones.

El segundo debate, de tanto fondo como el primero, se relaciona con la necesidad de contar con una política de Estado frente al manejo de la propiedad pública. El caso de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá es emblemático. Cada cierto tiempo se discute su venta y aparecen los argumentos que representan extremos opuestos.

Sin embargo, casos como este, o los de EmCali, Isagen, EEB, o Ecopetrol, por citar sólo algunos, demuestran que aún hace falta por parte del Estado, la fijación de un norte claro y a largo plazo, acerca de una conceptualización de la empresa pública.

No se desconoce la importancia del aporte que la cultura organizacional propia de la administración del capital privado, realiza en los asuntos públicos; no obstante, interesa aquí poner de presente el valor de velar por los intereses que a todos afectan. Los servicios públicos, la salud, o la educación, entre otras, son áreas que requieren garantías para evitar el acentuamiento de las vulnerabilidades y la desprotección.

Las telecomunicaciones no deberían ser la excepción. Cada Estado ha de asegurar las condiciones mínimas para que sus asociados cuenten con los medios, tecnologías, dispositivos e información que requieren, para atender su presente y proyectar su futuro. No hacerlo así, fomenta la inequidad y el perjuicio social, lo cual hay que evitar.

La financiación de las inversiones gubernamentales no puede quedar supeditada a la venta de lo público, como única alternativa. En ocasiones, vender no es lo debido; en otras, no resulta posible. En definitiva, hay que encontrar el balance adecuado.

Columna publicada en el diario impreso:

Empresas Públicas y Política de Estado; Diario del Huila, julio 18 de 2017