El próximo domingo 11 de marzo tendrán lugar las elecciones de Congreso de la República. Los colombianos escogeremos a quienes nos representarán durante los próximos 4 años: un período decisivo para la historia del país; sin embargo, faltando menos de 8 días, persisten inquietudes sobre la fidelidad del sistema. Con razón justa hay quienes temen por la transparencia de los resultados, es decir, no hay confianza suficiente en que las cifras finales reflejen, con exactitud, el favor ciudadano recaudado en las urnas.

Por esos motivos, desde el Partido Político MIRA convocamos una audiencia pública para discutir, en concreto, sobre los desafíos que le esperan al Sistema Electoral, en particular para las próximas elecciones, con base en las órdenes más recientes que aparecen en las sentencias de las Altas Cortes. Entre los invitados se encuentran los medios de comunicación, las presidencias de los partidos políticos, también los candidatos presidenciales, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y, como corresponde, el Consejo de Estado.

Desde nuestra perspectiva creemos que la democracia, Colombia y su ciudadanía reclaman Garantías de No Repetición. Las irregularidades del 2014, que gracias a la demanda del Partido Político MIRA y la decisión de la Autoridad Judicial quedaron demostradas y salieron a la luz, no se pueden volver a presentar. No se debe permitir que, una vez más, el fraude y las “inconsistencias” burlen la voluntad popular.

Es una cuestión que yace en la esencia del poder político, en el respeto privado y público por la autenticidad de la decisión colectiva expresada un día en las urnas. Las medidas para evitar que las fallas se apoderen de nuevo de las elecciones deben ser contundentes y atacar a fondo los problemas que están identificados con claridad.

Por ejemplo, las autoridades electorales están en el deber de entregar las actas de escrutinio y la información relacionada, en tiempo real y en formatos que permitan la consulta y comparación electrónica de los resultados, tanto a los partidos, como a los candidatos y testigos electorales que lo soliciten.

No proteger debidamente las elecciones ni garantizar su transparencia, sería una falta inexcusable.