Aunque se mantienen los esfuerzos para dirigir al país hacia el posconflicto, persisten los desafíos en materia de seguridad y violencia. Por ello, las medidas del Estado deben ser estructurales y no solo reactivas. En tal sentido, el Servicio Militar Obligatorio debería replantearse y ceder el paso a otras modalidades de interacción del ciudadano con la Fuerza Pública.

En efecto, quienes opten por servir en las Fuerzas Militares o en la Policía, deberían hallar una puerta de entrada al desarrollo de su proyecto de vida. Un Servicio Militar Voluntario, con remuneración acorde al trabajo realizado, que ofrezca amplias opciones a los jóvenes, diferentes a la del frente de combate.

Al respecto, resulta oportuno recordar que hoy existen un millón doscientos mil colombianos, cuya situación militar se clasifica en el sistema como “inhábil”, “exento” o “remiso”. En muchos casos, esa indefinición genera multas millonarias que, ante la imposibilidad de pago, se convierten en barrera de acceso a la educación y el trabajo. Por eso se ha insistido en la propuesta de definir la situación de todos los mayores de 24 años que no son remisos, pero tienen multas por no inscripción, ya que por ley no pueden ser incorporados a filas.

En tal sentido, acompañamos desde el Congreso de la República la expedición de la nueva Ley de Reclutamiento, Reservas y Movilización (1861 de 2017), que establece una amnistía para remisos mayores de 24 años, y menores de 24 que estén exentos, gracias a la cual muchos colombianos no tendrán que pagar millones por concepto de multas, sino tan sólo $117 mil pesos de cuota de compensación (según corresponda), luego de lo cual podrán obtener su Libreta Militar.

En ella también se incrementa el valor del pago por el Servicio Militar hasta en un 50 por ciento de un salario mínimo; a lo cual se suma que, al término del servicio, la persona saldrá con cupo para estudiar en el SENA. Entre tanto, quienes no presten servicio, seguirán pagando una cuota de compensación más acorde a sus ingresos y patrimonio, cuyos recursos irán dirigidos al bienestar de aquellos que han decidido prestar servicio militar.

De igual modo, se restringieron por ley los operativos “sorpresa” de incorporación; se otorgó un período de gracia de 18 meses para definir la situación militar; y se corrigió una inequidad del sistema, la cual obligaba a miembros activos del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, a solicitar su retiro luego de haber cumplido entre 15 y 20 años de servicio, posibilidad impracticable para muchos. Con estas medidas, seguimos avanzando en la arquitectura de un nuevo modelo de Servicio Militar en Colombia.

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