Produce desconcierto encontrar circunstancias en las cuales las autoridades legalmente constituidas, muchas de ellas elegidas por la misma ciudadanía, impulsan con vehemencia decisiones públicas que van en franca contravía de la comunidad respecto de la cual ejercen sus funciones. Principios como la solidaridad, la equidad o el interés general, se ven perjudicados por estos procederes, que parecen no consultar qué está pasando en la sociedad. Una muestra muy reciente de esta situación, es la que se presentó durante las últimas semanas, con las tablas oficiales de los avalúos de vehículos en Colombia. Desde el Ministerio de Transporte, se respaldó un incremento excesivo en el precio de los carros, lo cual se reflejaría después en más impuestos a cargo de los propietarios. La resolución 5358 de 2015, supuso que el valor comercial de muchos automores usados era más alto del que se registraba en la información oficial. Así, un modelo 2011 que costaba 14’000.000 de pesos aproximadamente en el 2014, con esta actualización pasaba a los 32’900.000 pesos, pero en el mercado, nadie pagaría más de 20.000.000 de pesos. Según casos conocidos por la opinión pública, un propietario de un vehículo KIA Picanto, modelo 2014, pasó de pagar 296.000 pesos en impuestos a 1.100.000, simplemente por tener caja automática y vidrios eléctricos. Para nadie es un secreto que los carros se deprecian con el paso del tiempo, que su vida útil disminuye, pero “qué curioso” es que cuando de impuestos se trata, su valor se eleve entre un 30% y un 40%, de un año a otro. Sin embargo, queda una valiosa y ante todo esperanzadora lección aprendida: La comunidad, afectada y descontenta, se organizó aprovechando todas las vías institucionales y legales, y consiguió, no con poco esfuerzo, que hace unos días los incrementos no superaran el 6.7%. Hubo reclamaciones, despliegue en medios de comunicación, incidencia por medio de actores políticos, entre los cuales se destacó, por ejemplo, la gestión del Representante a la Cámara Carlos Eduardo Guevara, de la bancada del Movimiento Político MIRA, quien citando al Ministerio de Transporte para que diera explicaciones, puso el debate en lugar prioritario de la agenda pública nacional. Este caso le muestra al país que aunque hubiese sido preferible no pasar por semejante incidente, lo cierto es que cuando ese descontento social se canaliza apropiadamente por las vías de la institucionalidad, se dan los cambios exitosos a favor siempre de la comunidad.
