Hace poco más de un mes alertamos desde este espacio sobre los incrementos en los precios del servicio público de acueducto y alcantarillado, que ya han empezado a operar por todo el país y que continuarán al alza, por lo menos, hasta el próximo año, por causa de la Resolución 750 de la CRA.
En vista de las circunstancias, hace sólo unos días demandamos la nulidad de la resolución que autoriza esos incrementos, por el perjuicio que ocasiona en el consumo básico de los hogares colombianos. En el Partido MIRA pensamos que es insostenible usar como pretexto una interpretación desproporcionada del “uso racional y eficiente del agua”, afectando a más de la mitad del país: Cerca de 30 millones de personas en los estratos 1, 2 y 3.
Los cálculos se hicieron con base en los suscriptores, olvidando el total de familias que se benefician del servicio; tampoco se tuvieron en cuenta los predios desocupados, que afectan los promedios de consumo. Esto, sumado a que los estratos 4, 5 y 6 y los predios de uso comercial no resultan cobijados con la medida, conduce a pensar que la verdadera preocupación no está enfocada en el “ahorro”, sino en el desmonte de los subsidios que en la actualidad benefician a las personas que requieren el apoyo del Estado.
La Superintendencia de Servicios Públicos ha estudiado el caso en más de la mitad de los municipios de Colombia, y encontró que los usuarios perjudicados ya se cuentan por millones. Es más, las empresas que prestan el servicio también se verían lesionadas, porque al comparar las suspensiones por no pago, entre diciembre de 2016 y enero de 2017, mes en que se aplicó el segundo reajuste, éstas aumentaron en un 116%; pasando de 101.000 a 218.000 suscriptores suspendidos, en sólo 500 municipios.
También hay una lamentable relación directa entre los departamentos con mayor población vulnerable y los que salen más perjudicados con la resolución. Hablamos de Guaviare, Vichada, Vaupés, Caquetá y Putumayo. En el caso del Vichada, el estrato 1 es afectado en un 96% y en el Guaviare, en un 63%.
No nos oponemos a las medidas que estimulan el ahorro del agua, promoviendo el uso consciente y evitando el desperdicio; sin embargo, la disminución del subsidio, en perjuicio de la población más vulnerable, no es un camino justo.
Columna publicada en el diario impreso:
