Hace aproximadamente 3 meses atrás, cuando comenzaba un esperado proceso de participación ciudadana, en relación con los planes de desarrollo departamentales y municipales, -el de los consejos de planeación-, escribíamos desde este mismo espacio sobre darles la importancia que merecen, por medio de administraciones locales comprometidas, que aprovecharan esos espacios de construcción dialógica y colectiva, teniendo en cuenta las propuestas y sugerencias que de ellos surgieran.
Advertíamos entonces, que “mal se haría al caer en un “mito de participación”, cuando la población apoya esta clase de ejercicios, pero las decisiones no reflejan en nada, o tal vez en muy poco, el clamor de la comunidad”
Lamentablemente a esta altura del proceso, que está a puertas de terminar en los concejos municipales o en las asambleas departamentales, es precisamente esto lo que sucedió en muchos lugares de la geografía nacional: la participación mediante los consejos de planeación, se ha quedado en un “mito”.
En primer lugar, los CPT, los CPM y los CPL fueron instalados con premura, en procesos que no estaban inquietos por ofrecer garantías, sino por “cumplir el requisito” legal. En segundo lugar, se aprovechó en perjuicio de la participación el que muchos de los consejeros eran nuevos en el cargo, para minimizar en las discusiones, cuestiones que realmente son de la mayor relevancia.
En tercer término, como si lo anterior no fuera poco, no se les rodeó de las garantías necesarias para ejercer la labor. Los consejeros de planeación cuentan que sólo les hicieron una modesta presentación de los anteproyectos del plan, o les dejaron un sólo ejemplar impreso para que entre todos lo estudiaran, o les negaron sistemáticamente el acceso al documento en medio magnético. Poder analizar y responder juiciosamente con el deber constitucional y legal adquirido, resultaba imposible en la práctica
A estos cuestionamientos, puede sumársele el que la composición de los consejos de planeación ha dejado por fuera a sectores, poblaciones, territorios o grupos sociales en muchos lugares, pues los representantes de ellos, no pudieron participar con voz y voto en las discusiones. Entre otros, el sector religioso en Colombia, ha sido uno de los más afectados.
Bien por aquellos municipios y departamentos en los que estas falencias no se vieron, pero alertas, cuestionamientos, y tal vez hasta futuras demandas de nulidad del acto administrativo, a los planes de desarrollo que no honraron materialmente la participación ciudadana.
Columna publicada en el diario impreso:
Por la Democracia; limpia,clara y transparente. Èxitos!